Guatemala enfrenta una crisis constitucional. El país ha llegado a un punto de inflexión, quizá a una bifurcación en el camino.
No me refiero a problemas en el documento de la Constitución. Ciertamente la imposibilidad de disciplinar las ilegalidades del juez Orellana y del Ministerio Público destaca fallas del texto. Pero la crisis en 2023 implica algo más amplio: hay problemas en cómo está constituida Guatemala como comunidad político-económica. Debemos reconocer los retos en cómo nos relacionamos entre guatemaltecos y con nuestra riqueza humana, material y natural. Solo entonces servirá cambiar la ley fundamental.
Afortunadamente, esta crisis político electoral amplía la perspectiva. Nos da profundidad, pues la desesperación de los corruptos hace obvio que detrás de la campaña negra y de los empeños leguleyos hay intereses económicos específicos. Y da extensión, pues al interferir con el voto popular, los corruptos han desatado esa reflexión en muchos hogares, no solo entre analistas políticos. Hoy la mayoría reconocemos que Consuelo Porras y Sandra Torres son engranajes de un sistema corrupto e intuímos que ellas reflejan algo más: un Estado depredador, con estructuras económicas y sociales injustas.
Recomiendo este panel en el podcast Tan/Gente como síntesis de lo que ahora reconocen cada vez más personas. En él, Marta Casaus y Lionel Toriello ilustran las dimensiones social e histórica con precisión académica, Quique Godoy aterriza en lo político electoral y Ben Sywulka representa las implicaciones desde la perspectiva de la élite económica.
Señala la propia Casaus que hace falta escuchar las voces de otros actores —los pueblos indígenas muy particularmente—. Pero la conversación ya destaca que un escollo considerable es la relación entre las fracciones de la élite, entre ella y el resto de la sociedad, y de ella con la riqueza nacional.
La naturaleza históricamente poco constructiva de esas relaciones explica la desconfianza prejuiciosa ante Bernardo Arévalo y Movimiento Semilla. La élite descalifica al candidato —a pesar de sus sólidas credenciales centristas— no tanto por lo que piensa y propone ese candidato, sino porque reta a un sistema que no cede poder a nadie que no acate estrictamente las demandas de dicha élite. Tanto así, que una parte de ella prefiere aliarse con políticos corruptos, aunque reconozca sus manos sucias, porque confía que le harán caso.
En el panel, Sywulka ayuda a entender por qué aún funciona la acusación de «comunista»: seguimos proyectando escenarios con términos como los de «Bernardo conciliador» versus «Semilla radical» [minuto 40]. Aún para un analista abierto, pero con raíces culturales de élite, resulta difícil considerar que no solo no son estos los términos relevantes del debate —se lo señala otro de los panelistas— sino que eso de todas formas no debiera descalificar del concurso a un actor político.
Sin embargo, lo indispensable es encontrar una salida al problema de gobernabilidad. Y un primer desafío será gestionar la relación con las élites nacionales. Incluso lo enfrenta Torres, nomás que ella ya decidió cómo resolverlo: seguir igual.
Para Arévalo, gobernar Guatemala más allá de la corrupción exigirá quitar la iniciativa a la combinación de elitismo, conservadurismo y clientelismo condensada en torno a la élite tradicional, esa que autorizó al «pacto de corruptos» y que sostiene una alianza precaria con Sandra Torres y el Ministerio Público.
Tendrá que negociar con algunas élites progresivas pero invariablemente timoratas, tendiendo puentes con quienes admitan que el camino actual es la peor salida para todos. Deberá neutralizar perentoriamente la oposición conservadora más retrechera, quitándole sus bases e incluso deliberadamente reduciendo el poder de los más atrincherados. Y tendrá que desarticular el clientelismo, desmontándolo donde sea corrupto y compitiendo con políticas de desarrollo social y económico eficaces, cuando aquel refleje auténticas necesidades populares.
Arévalo tiene una tarea pedagógica: necesita educar a las élites.
En particular, Arévalo tiene una tarea pedagógica: necesita educar a las élites, sobre todo a la élite empresarial. A pesar de sus limitaciones, las élites insisten en que todo mundo —Semilla, Bernardo Arévalo, la sociedad entera— aspiremos a parecernos a ellas, como precondición para tomarnos en serio. Por eso en el pasado se aliaron con un Ejército represor, iglesias mentirosas y el crimen organizado, porque estos actores estuvieron dispuestos a imitarlas. Y las engañaron hasta sacarles ventaja.
Hoy la tarea es diametralmente distinta, pues es la élite la primera que debe cambiar. Si no lo entiende, seguirá insistiendo en que los demás nos acomodemos a ella, y solo profundizará la crisis constitucional.
El voto el 20 de julio debe mandar dos señales contundentes. Primero, que la población al votar por Semilla quiere un gobierno distinto. Y segundo, que las élites deben cambiar.
Ilustración: Democracia – la asignatura pendiente (2023, a partir de imagen de Laura García / Plaza Pública y elementos de Adobe Firefly)
