El 2 de abril la Policía Nacional Civil publicó en Twitter la captura de un hombre a quien llamó «peligroso asesino de la mara 18». Tres días más tarde anunció la detención de un sujeto señalado de herir a un oficial de policía y a un empleado de taller.
En la red el individuo del primer caso aparece descamisado, sangrado y mostrando en el torso tatuajes y cicatrices. Al segundo sujeto lo vemos esposado en un picop de policía, semiinconsciente y boqueando, con la camisa levantada.
El 21 de agosto de 2015 —cómo no recordar— fue capturada Roxana Baldetti, exvicepresidenta. Alegó enfermedad y le fue concedida prisión preventiva en un hospital. En 2018 el juez Pablo Xitumul la sentenció a 15 años de cárcel por corrupción. Pero en febrero de este año la Corte de Constitucionalidad quitó la inmunidad al juez.
El 19 de abril de 2018 —pronto cumplirá 4 años el hecho— los megaempresarios de élite Felipe Bosch, Guillermo Castillo, Ramiro Castillo, Herbert González, Stefano Olivero, Salvador Paiz, José Miguel Torrebiarte y Fraterno Vila admitieron haber financiado ilícitamente la campaña de Jimmy Morales, ya entonces presidente. De saco y en conferencia de prensa pidieron «disculpas». El mismo día en el Congreso se propusieron reformas al código penal que beneficiarían a los responsables confesos. Ninguno pasó un solo día de arresto.
Hoy al menos 15 personas —magistrados, jueces y exfiscales que llevaron casos de corrupción contra militares o empresarios de élite— son perseguidos administrativa o penalmente, se les ha retirado la inmunidad como al juez Xitumul y han salido al exilio o guardan prisión por denuncias espurias.
El asunto es tan notorio que hasta el Parlamento Europeo aprobó la semana pasada una resolución expresando su preocupación «por el deterioro del estado de derecho en Guatemala y las acciones judiciales (…) contra jueces, abogados y fiscales independientes que investigan estructuras criminales vinculadas a altos funcionarios del Estado y empresarios».
Con todo, no son los hechos individuales lo que destaco aquí. Usted los conoce y puede encontrar mejor información de la que alcanzo a reseñar. Busco que atienda a la diferencia en el trato hacia los sujetos. Pensará que no comparte nada con el marero, descamisado y golpeado, ni con el empresario arrogante o el fiscal perseguido. Pero en alguna parte del continuo de crimen y castigo podríamos alguna vez estar usted o yo, por cualquier causa.
Y lo que esos casos ilustran es que bajo la retorcida justicia del Estado perverso —ese que afanosamente se reconstruye hoy en Guatemala— prima esta máxima: ut bufo, sic lapis (como es el sapo, así la pedrada)1.
Hay quien quiere pensar que Thelma Aldana e Iván Velásquez se equivocaron al perseguir a los familiares de Jimmy Morales y a los empresarios oligárquicos. Lo he oído incluso de gente de la diplomacia de los EE. UU. Pero de esto se trata la justicia: de aplicar la misma ley a todos, sin contemplar situación social. La policía, la fiscalía y los juzgados no están para eximir a la gente por su encumbrada posición social («con discreción», pedía una analista del Cien), menos aún para buscar venganza, como hoy hace la impresentable Consuelo Porras. La ética del operador de justicia es precisamente esa: buscar justicia, no importa a quién se enfrente.
Bajo la retorcida justicia del Estado perverso —ese que afanosamente se reconstruye hoy en Guatemala— prima esta máxima: ut bufo, sic lapis (como es el sapo, así la pedrada).
Pero esto no se procura en Guatemala, especialmente desde que Morales comenzó a desmontar las instituciones y su sucesor continuó entusiasta. Por eso, si usted es marero, o más generalmente un delincuente pobre, no se ganará ni siquiera el «supuesto…» que los medios suelen conceder ante el delito imputado a quien no se ha vencido en juicio. Y será exhibido tan desnudo como sea posible sin que la analista pida discreción para usted. Sentirá, en estos días de Semana Santa, afinidad con Cristo y los ladrones en el Gólgota, colgado en trapos menores y bañado de sangre.
Si, por el contrario, usted es uno de los exquisitos empresarios, ni siquiera la admisión pública y por boca propia del delito lo llevará a la detención, no digamos a la cárcel tras un juicio justo. Podrá presidir —la desfachatez raya el límite— una iniciativa de denuncia anónima de delitos. Siempre con el tema de temporada, será todo un Pilatos, la conciencia sucia pero el aguamanil impecable.
Y si es un exmilitar violento, que confunde patriotismo con matar ciudadanos, ni eso bastará. No solo exigirá recompensa, sino que perseguirá al juez.
Ilustración: Sangre fría y todo terreno (2022, foto propia)
1Cortesía de Google translate, pues mi dominio del latín es menor que el de Consuelo Porras en materia de reenvío en el proceso penal guatemalteco, si tal cosa fuera posible.
