Otra vez el presupuesto de la Universidad de San Carlos está sobre el tapete. Gracias a la agresión del gobierno de cafres, otra vez los ciudadanos podemos reflexionar sobre las prioridades de política.
No pretendo incidir en las opiniones y decisiones de quienes hoy mandan desde el Legislativo y el Ejecutivo. Los diputados del pacto de corruptos, el presidente y sus ministros más cercanos ya demostraron que son impermeables a la academia y a la política pública basada en evidencia o en interés general. Lo suyo es evadir la justicia, depredar el fisco y hacer retroceder la democracia. Nada más.
La opinión es más bien invitación a que los ciudadanos hagamos causa común sobre temas que nos convienen a todos, como asegurar que los jóvenes tengan educación superior. Luego igual tocará usar la política partidista, la demanda judicial, la denuncia y la protesta ciudadana para que esos mafiosos hagan caso de la única forma en que entienden: bajo presión y amenaza.
Dicho eso, ¿qué debemos considerar ante una reducción del presupuesto universitario? Lo obvio es que cualquier asignación debe ser consistente con la Constitución: 5 % del presupuesto va para la Universidad de San Carlos. Pero esto, aunque sea ley, no es necesariamente bueno.
Hay evidencia de que los situados constitucionales, establecidos con más buena intención que control, no resultaron como se deseaba. En la universidad, como en las municipalidades y en el deporte, las asignaciones fueron malinterpretadas como cheques en blanco. Son legendarios la falta de rendición de cuentas de la universidad, el desvío de fondos en el deporte y la deuda municipal imprudente.
Es injustificable que la educación superior deba competir con el Ejército por los recursos limitados del Estado.
Además, los situados automáticos significan expansión del presupuesto sin justificación de costos. La simple razón matemática implica que todo incremento en cualquier sector redunde automáticamente en aumento proporcional de los situados. Este sinsentido exige incluir en la agenda ciudadana el imperativo de revisar la Constitución.
Luego está el desempeño. En el deporte es obvio: el futbol de resultados pésimos no justifica un solo centavo del erario gastado en ese negocio de entretenimiento, tan incompetente como el humor de Jimmy Morales. Por otra parte, por más historias de agradecimiento a la universidad que tengamos los que salimos de ella —yo muy incluido—, apelar a las anécdotas no le quita un ápice al hecho de que la USAC es un enorme subsidio de toda la sociedad —también de los analfabetos y los pobres— a la educación de nosotros, la clase media. Para justificar la inversión nacional en universidad, que sí urge, tendremos que exigir también que ella llegue a todos y todas, empezando por los más pobres. Y que la clase media y la élite paguemos los impuestos para sostenerla.
Finalmente está el tema de las opciones de gasto. Dentro del mismo sector educativo, el 5 % del presupuesto para educación superior debería cuestionarse respecto a la inversión en educación inicial, educación vocacional y educación rural, aunque no guste a la universidad y a los universitarios. Más aún, financiar la educación superior no debería ser igual a hacerlo automáticamente con una sola universidad, así sea tricentenaria. Mínimo debemos considerar la descentralización radical de la USAC: que cada campus regional exija una parte proporcional del presupuesto, no las sobras que le deja la macrocefalia de la ciudad de Guatemala.
Y la tapa del pomo: las opciones entre sectores. Es injustificable que la educación superior deba competir con el Ejército por los recursos limitados del Estado. Podrá la universidad tener limitaciones, deficiencias y opacidad en el uso de recursos, pero al menos produce profesionales. En cambio, el Ejército no da señas de servir: incompetente para depurar a sus miembros más tramposos, incapaz de evitar los robos internos, parasitario de los fondos públicos, impune desde la guerra, opaco e irresponsable con los fondos que ya recibe. Pocas instituciones se esfuerzan tanto en justificar su desaparición. Solo asegura empleo a gente que no sabe otra cosa que manejar un arma, en el mejor de los casos, y apuntarla para amenazar a otro ciudadano, en el peor.
Así que no importa su convicción: conservador burkeano, comunista de hueso colorado, libertario, liberal, progre verde, campesino, profesional o ama de casa, universitario o profesora de primaria. Una cosa está clara: el Ejército no nos sirve. ¡Para nada!
Hagamos un acuerdo ciudadano. Sí, que se descentralice la universidad de verdad. Sí, que rinda cuentas completas. Sí, que llegue a todas y todos, no solo a los que ya estamos mejor. Pero a cambio de una primera e indispensable condición: la liquidación del Ejército que tenemos, que nos ahoga, envenena y corrompe.
Ilustración: Cañones o mantequilla (2024), Adobe Firefly
