Corre el año 1525. Presenta el halach uinik su informe al consejo: «este año atrajimos más inversión extranjera directa que nunca. Los españoles duplicaron la cantidad de recursos colocados en nuestro reino.»
El absurdo ilustra. Ninguna cantidad de dinero de la corona española colocada en estas tierras durante la conquista traería nada bueno a quienes vivían aquí.
Esta noción vino a mi mente al leer el informe Promoción del desarrollo digital en Guatemala: Retos y acciones, publicado en 2019 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ante la pandemia sus implicaciones son brutales, particularmente con respecto a la educación.
Defino para que sepamos de qué hablo: el encierro por la cuarentena exige enseñar y aprender desde casa, pero la penetración de conexión de banda ancha en Guatemala es tan mala, que muchos docentes y muchísimos estudiantes no pueden estudiar así o enfrentan gran dificultad para hacerlo. Encontró el BID que aquí «la penetración de los servicios de banda ancha fija y móvil es de un 3% y un 10%, respectivamente». Para fines prácticos la población de Guatemala no tiene acceso a banda ancha. Estamos en el puesto 60 de 65 países estudiados.
¿Pongo demasiado alta la barra? Dejémoslo en cualquier tipo de conexión: dice el BID que en 2018 solo 20% de los hogares guatemaltecos tenían acceso a internet, comparado con 44% en Centroamérica y 53% en Latinoamérica. Y solo 34% de nuestra población usaba la internet, comparada con 51% en Centroamérica y 59% en Latinoamérica.
El caso sirve para explicar la multiplicación de fracciones. Cuando usted multiplica números enteros el producto es mayor que los factores: 2 por 3 da 6, que es más que 2 y que 3. Pero si multiplica fracciones el producto se encoge: 20% por 30% da 6%. Ahora apliquemos. Supongamos que el Ministerio de Educación tiene todo lo necesario para que los estudiantes aprendan en línea. Con la penetración y uso de internet descritos, en el mejor de los casos solo le servirá a los hogares que tienen acceso: 20%. No importa cuántos vídeos, guías y herramientas interactivas desarrolle dicho ministerio. Ahora agregue que los programas educativos tampoco están al 100%. Generosamente digamos que funcionan al 80%. Aunque lleguen perfectamente al 20% de hogares que tienen acceso… hacemos la cuenta… 20% por 80%… ¡será como tener apenas 16% del desempeño total necesario! La educación simplemente no puede superar la frontera que impone la baja penetración de internet. Es como la abuela con su andador, queriendo subir por la escalera eléctrica de bajada: lo más a lo que puede aspirar es a no caer demasiado rápido. Subir así es imposible.
¿Y qué tiene que ver esto con la inversión extranjera directa (IED)? Nos cuenta el BID que entre 2014 y 2018 se invirtieron aquí en promedio $130 millones al año de recursos internacionales en telecomunicaciones. Un nada despreciable 11% de toda la inversión extranjera directa del período, agrega. Pero no se tradujo en acceso universal. Y así volvemos al doloroso caso del dinero de los conquistadores. Las empresas no ponen dinero en Guatemala por generosidad, sino para sacar los mayores réditos posibles, vendiendo más servicio a quien ya lo tiene. Conseguir en vez que la inversión tenga un destino equitativo y sirva a toda la ciudadanía requiere políticas específicas que orienten la inversión en esa dirección.
En Guatemala el sector de telecomunicaciones ha estado en manos de un hatajo de vendepatrias.
Pero en Guatemala las telecomunicaciones han estado en manos de un hatajo de vendepatrias. Desde Álvaro Arzú, que lo privatizó sin establecer un fondo de servicio universal, pasando por Luis Rabbe, adlátere servil del monopolista Ángel González y hasta Acisclo Valladares hijo, más interesado en hacer tratos con narcos para comprar diputados que en servir a sus conciudadanos.
Si de veras queremos ofrecer educación en línea, primero tendremos que resolver la conectividad para todos. Un primer paso sería incluir en toda concesión a la industria telefónica la obligación de conectar sin costo adicional a todas las escuelas, municipalidades y centros de salud. Mejor aún, establecer el fondo de servicio universal. A ellos les costaría una fracción de sus ganancias, a nosotros nos multiplicaría el total del servicio. Pero esto no es tarea del Ministerio de Educación, sino responsabilidad de la Presidencia, del Ministerio de Comunicaciones, de las municipalidades y del Congreso de la República. Es lo menos que deberíamos pedir a nuestros representantes. Pero mejor esperar sentados para que cumplan. Si no ha pasado en un cuarto de siglo, ¿por qué habría de pasar ante una pinche pandemia?
Ilustración: El cazador oculto (2020, imagen propia).
