La humanidad ha llegado a concluir que hay castigos −como la tortura− que no se justifican en ningún caso, y que quedan proscritos para todos, no importa lo que se haya hecho.
Supondré que usted apoya a los generales en el juicio por una cuestión de principios. Supondré que usted no se opone al juicio porque tenga miedo que si los generales pierden, el siguiente en la lista será usted.
Supondré que honestamente piensa que andar con la bulla del genocidio y el juicio es en el mejor de los casos un error que dañará la “paz política”; o malintencionada conspiración de ex-guerrilleros en el peor. Pero aun así le digo: debiera estar insistiendo en que se oiga completa la causa de los ixiles.
Partamos de dos afirmaciones. La primera es una obviedad externa: en Guatemala hay lugares donde están apilados grandes números de muertos, todos juntos: adultos, ancianos, niños, hombres y mujeres. Murieron en los años ochenta, a la misma vez y fueron enterrados juntos y a la carrera. Sabemos que la enorme mayoría murieron por mano militar. La segunda es una obviedad interna, fruto de la razón, y confío que estará de acuerdo conmigo: es mejor estar vivo que muerto.
Aceptando que es mejor estar vivo que muerto, no podemos pasar por alto que tenemos un montón de muertos. Debemos preguntarnos por qué sufrieron ese mal, por qué están muertos. Una posibilidad es que estén muertos sin responsabilidad propia, la otra es que hayan muerto como consecuencia −direacta o indirecta− de sus propios actos. Si sus actos no los llevaron a la muerte, es fácil concluir aquí: fueron muertes injustas, y debemos reclamar por ellos.
Pero supongamos por el momento que son muertes derivadas de los actos de las personas muertas: supongamos por ejemplo que dieron cobijo a rebeldes o quizá mataron a otros. Sabemos que la sociedad busca controlar, reprimir y castigar a quienes se salen de las reglas. Pero desde hace mucho tiempo la humanidad reconoce la necesidad de la proporcionalidad: si me das un golpe al mentón, no es razonable que te pegue un tiro. Más aún, la humanidad ha llegado a concluir que hay castigos −como la tortura− que no se justifican en ningún caso, y que quedan proscritos para todos, no importa lo que se haya hecho. ¿Son las muertes que describimos muertes proporcionadas a la posible responsabilidad? ¿Son acaso fruto de la tortura del cuerpo (cráneos destrozados, panzas destripadas, quemados vivos) o del espíritu (ver con desaliento la destrucción de la familia, los hijos, la heredad y la comunidad)? Si no hubo proporcionalidad, si hubo tortura, estamos ante muertes injustas, y debemos reclamar por ello.
Supongamos que no nos consta la desproporción ni la tortura, nada más la muerte. Preguntémonos entonces, ¿quién causó esas muertes? No hablo de la causa indirecta, sino de la ejecución. En sociedad tendemos a la especialización. Unos son maestros, otros médicos. A veces el médico da clases, pero casi nunca el maestro hace cirugías. Esto porque la cirugía es más riesgosa que la educación. Un examen mal calificado hace daño, pero relativo y reversible, comparado con una apendicitis mal operada. En la especialización más grave −el poder de matar− las precauciones son extremas, porque el riesgo es muy alto y las consecuencias irreversibles. Por ello, la sociedad limita y regula el poder de la muerte: los militares lo pueden ejercer solo en el fragor de la batalla, y los policías cuando su vida peligra por un ataque directo. Y cuando se usa el poder de la muerte, se hace de forma muy regulada: jueces y jurados, tribunales y leyes, declaratorias de guerra. Ahora pensemos en nuestros muertos: si no estaban en batalla con las fuerzas del Estado, si no amenazaban la vida, si el ejercicio del poder de muerte por el ejército o la policía se dio sin la cautela máxima, estamos ante muertes injustas, que reclaman reivindicación.
Así pues, querido lector, preguntémonos una vez más: ese montón de muertos en el Triángulo Ixil, ¿tuvieron muertes buscadas, causadas por quienes las sufrieron? ¿Fueron muertes proporcionadas y libres de tortura? ¿Fueron muertes causadas por fuerzas autorizadas y reguladas claramente, actuando contra un enemigo activo? No hace falta ser del bando guerrillero, miembro de una supuesta “oligarquía oenegera” (¿acaso no cabe en la cabeza que los ciudadanos tengamos derecho a hablar en nombre propio?) ni noruego, para contestar. Basta la obviedad de la evidencia, de la razón y del espíritu para contestar a estas preguntas: no, no, no, no y no.
Dado que usted no tiene nada que perder personalmente, que honestamente quiere construir una Guatemala distinta y mejor, ¿qué más está esperando para reconocer en voz alta que aquí necesitamos justicia?
