Hoy vemos que el Estado invierte en explotar recursos naturales. ¡Pero el beneficio de esa inversión es cosechada por unos pocos! Aquí está el problema de fondo.
Imaginemos que usted decide ser taxista. Conoce bien la ciudad, le gusta charlar y no le molesta pasar largas horas sentado. Pero no tiene automóvil. ¿Qué hacer?
Si no puede comprar carro, una opción es negociar con una empresa como “Taxis Amarillo”. El trato es sencillo: ellos ponen el auto, usted lo trabaja. De lo que gane, paga una cuota diaria por usar el vehículo, y lo demás es suyo.
La explotación de recursos naturales, como el agua para hidroelectricidad, el petróleo o el oro, puede entenderse igual. Una vez vendido el bien hay dos cosas que pagar: el trabajo que tomó extraerlo, y la renta al propietario del bien. Una columna reciente identifica correctamente el riesgo del racionamiento cuando la producción está en manos del Estado, pero evade el problema de fondo, que es la determinación de la propiedad de los beneficios de la explotación, no importa en manos de quién esté.
Puesto en sencillo, al taxista le toca el pago por el trabajo, y la renta va al dueño del carro. Igual al minero toca el pago por extraer el oro, y a los dueños de la tierra la renta por el oro mismo. No hay razón para pagar al minero por el valor del oro, pues no lo creó ni es suyo.
Sin embargo, esto presenta problemas. ¿Cuánto vale el trabajo del minero, cuál es el valor del oro? Difícil, pero no imposible saber. Con empeño, vigilancia, gente competente y honesta, y buena información es posible determinar los costos. Sin estas condiciones, mejor postergar el negocio. Los recursos seguirán allí seguros, en la tierra.
El segundo reto es determinar quién es el dueño del bien y sus beneficios.[1] Con el taxi es fácil: la empresa tiene el título. Si usted se apropia del carro o no les paga, se verá en problemas. Con el oro o el petróleo es más complicado, pero indispensable aclarar.
Para evitar los abusos de una “fiebre del oro” cuando se asume que los bienes son de quien los encuentre, la mayoría de países, Guatemala incluida, asignan su propiedad al Estado. Esto significa que son, literalmente, nuestros. Y aquí la cosa se pone alegre, pues cabe preguntarnos, ¿quién es nosotros?
Cuando una comunidad reclama los recursos en su municipio, parte del supuesto que el nosotros que cuenta son ellos. Pero ellos no escogieron tenerlos, ni los crearon: son bienes naturales. Imagine que hubiera petróleo bajo “La Cañada” en la zona 14. Los acaudalados vecinos tampoco serían propietarios preferentes del mismo.
Los recursos naturales son en sentido estricto de todos los guatemaltecos. Cuidándose de este problema, algunos defensores del interés comunitario prefieren rechazar de tajo la explotación por razones ambientales o culturales. Esto no está mal. Como ya señalé, los recursos siempre podrán explotarse una vez resuelto el dilema. Pero no abordan el problema de fondo. En la práctica es evidente que más comunidades estarían abiertas a la explotación, si vieran compensados los males que traerá, y que les afectarán sólo a ellos. Cuando el Gobierno o las empresas, con una miopía pasmante, tiran apenas migajas a la comunidad, incluso aliándose con líderes poco transparentes siembran la conflictividad que merecidamente cosechan.
Más de fondo resulta el problema de la inclusión de todos en la ciudadanía, propietaria mancomunada de los recursos. Un comentarista que sataniza a quienes se resisten a la explotación monopolística y opaca, o los llama irracionales, lo que busca es descalificarlos como ciudadanos y excluirlos del derecho al beneficio.[2] Pero para que una comunidad conceda que los recursos bajo sus pies son de todos, primero hay que demostrarle con hechos -escuelas, hospitales, carreteras, acceso a crédito, oportunidades de empleo, representación política y más- que ella también es parte del nosotros político y económico, no excluirla aún más.
Hoy vemos que el Estado -teóricamente representante de la sociedad- invierte en explotar recursos naturales. ¡Pero el beneficio de esa inversión es cosechada por unos pocos! Aquí está el problema de fondo. El Estado debe primero garantizar el bien común. Esto significa pagar la extracción de los recursos, pero nada más. Significa asegurar que todos los guatemaltecos nos contemos entre los ciudadanos y como tales, dueños y beneficiarios en justa medida de la riqueza natural y sus rentas. Significa compensar con justicia los daños que la explotación hace localmente, y evitar los daños prevenibles e injustificables, incluso al punto de proscribir la explotación o postergarla indefinidamente.
Con esto se aclara un asunto de orden práctico. Señor Presidente: su papel como mandatario y jefe del Ejecutivo, no es garantizar la explotación de los recursos naturales. Es asegurar el bien común.
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Nota
1. Una introducción excelente al reto de la gobernanza de los recursos naturales es El Planeta Saqueado, texto del brillante economista Paul Collier, donde hace un balance perfecto entre lo que llama “romanticos ambientalistas” y los “avestruces” que ignoran el daño ambiental. Lamentablemente sólo está disponible en inglés.
2. Como lo planteara un comentarista al artículo arriba referido: “…los retrasados mentales de la izquierda no lo comprenden porque no les conviene.” Qué bonito: descalifico al crítico, y asunto resuelto.
