No cabe duda: Bukele 1, maras 0. Tras ensayar una tregua con los capos de las bandas en El Salvador, su gobierno golpeó la mesa y declaró el estado de excepción en marzo de 2022.
Once meses después, hasta el más escéptico admite que las fuerzas del Estado van ganando: las maras están desarticuladas, ya no controlan el territorio y están en franca retirada. La población respira tranquila y —el logro más claro— Bukele va camino de su reelección sin contratiempo.
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Dos centenares de prisioneros políticos liberó el régimen de Ortega en Nicaragua. O más bien, expulsó de su propio país el 9 de febrero. No conforme con eso, un día después el tribunal de apelaciones de Managua despojó de su ciudadanía nicaragüense a 94 personas, entre expulsados y otros exiliados.
La noticia en El País dice que Ortega les quitó la nacionalidad. Pero, aunque el diccionario iguala las segundas acepciones, conviene distinguir entre ciudadanía —la cualidad y derecho del ciudadano conferida por el Estado— y nacionalidad —la condición y carácter peculiar de los pueblos y habitantes de una nación, que surge de nacer en un lugar y entre una gente particulares—.
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Derecha política, dice la enciclopedia, es aquella «que afirma que determinados órdenes sociales y jerarquías son inevitables o deseables», mientras la izquierda «defiende la igualdad social y el igualitarismo».
Dado que las jerarquías y su naturalización en las sociedades humanas han prevalecido históricamente, quien aboga por la derecha suele ser conservador. El temor al cambio ante el riesgo se traduce en mantener las jerarquías. Los psicólogos han encontrado que puede crearse un conservador asustando a un progresista, pero al revés no funciona.1
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Era una jugada cantada y ahora es prácticamente un hecho. Los candidatos a presidenta y vicepresidente del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) quedaron fuera de la competencia.
Como en el fútbol, la jugada empezó muy atrás. Partió de la denuncia oficiosa del actual Procurador de los Derechos Humanos y la sospechosa eficiencia de la Contraloría de Cuentas y del Ministerio Público, pasó a las interpretaciones laxas del Registro de Ciudadanos y terminó confirmada por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Poco servirá a Thelma Cabrera y Jordán Rodas pedir el VAR de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues este juego no se detiene: el dictamen llegará cuando los ganadores ya estén celebrando.
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Un innombrable perro faldero de Consuelo Porras, la corrupta fiscal general en Guatemala, inicia un proceso mal diseñado contra Iván Velásquez, el ministro de la defensa de Colombia. No es por ministro, claro está. Tampoco por colombiano.
Parece obvio, pero entenderlo es indispensable para hablar sobre el incidente diplomático que se desató el 16 de enero por la noche. Resumamos: la fiscalía en Guatemala abre el proceso contra Velásquez por su actuación como Comisionado de la Cicig, el organismo de Naciones Unidas que a solicitud del Estado guatemalteco y hasta 2018 persiguió la corrupción en dicho país.
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La semana terminó mal. El Tribunal Supremo Electoral registró a Zury Ríos como candidata a la presidencia mientras denegó la inscripción a Thelma Cabrera, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos.
Ambas decisiones ilustran el problema. Por cuarta vez Ríos —hija y colaboradora del exdictador Ríos Montt— intenta competir. Desde el inicio su tropiezo ha sido el artículo 186 de la Constitución, que prohíbe acceder a la presidencia a parientes de quien haya sido presidente por «un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar». Ríos es una candidata cuestionable por sus propios actos, pero el requisito es injusto, pues la castiga por la conducta de su padre. Pero no es ambiguo y es constitucional. Sin embargo, quedó inscrita.
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Clasemediero es quien lo puede tener todo. Nomás que no todo a la vez.
La clase media puede conseguir una educación universitaria, si sacrifica ingresos propios o de la familia. En casa hay un automóvil. Y cuando hay dos es porque ambos en la pareja trabajan. Sin transporte público decente, corren en un círculo vicioso: el ingreso adicional paga el segundo auto.
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En las ciencias sociales y la filosofía, hace rato rugen furiosos los debates entre los estructuralistas, que apuestan a que los fenómenos sociales responden a estructuras más profundas, y quienes dicen que no, que lo que vemos es lo único que hay.
Margaret Thatcher lo ilustró cuando en 1987 afirmó en una entrevista: «… no hay tal cosa como la sociedad. [Solo] un tapiz viviente de hombres, mujeres y personas, y la belleza de ese tapiz y la calidad de nuestras vidas dependerán de cuánto esté preparado cada uno de nosotros para asumir la responsabilidad de sí mismo.» Asignó taxativamente estatus de realidad a la gente —los seres biológicos, con sus decisiones— mientras lo negaba a su conjunto, ese que llamamos sociedad.
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Mi título es enteramente injusto para con la política exterior de los EE. UU. en Guatemala. Pero confío que sirva para llamar la atención. Y ahora que me lee, reflexionemos juntos sobre la relación entre el poderoso país del norte y nuestro Estado perverso.
Aunque la democracia en Guatemala sí importa a Washington, mi argumento es este: con respecto al poder aquí, los EE. UU. ya tiene el mejor de los mundos posibles, que no es decir que tiene el mejor de los mundos deseables, ni siquiera para ellos mismos. No digamos ya para nosotros.
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El año 2023 en Guatemala está marcado por el inicio de un nuevo proceso electoral, que supone un reto para el país en términos de estabilidad política y económica. A pesar de los avances en los últimos años, Guatemala sigue enfrentando desafíos importantes en temas como seguridad, lucha contra la corrupción y desarrollo.
Una de las principales preocupaciones en este año electoral es la posibilidad de un aumento de la violencia y la polarización. Guatemala ha experimentado una creciente inseguridad y es importante que se adopten medidas para garantizar la tranquilidad y la paz durante el proceso electoral. Es fundamental que se promueva un diálogo constructivo entre los actores políticos y sociales.
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