El ejército que tenemos es una institución impenitente: nunca pudo admitir su papel en los vergonzosos crímenes de la guerra. No supo, no quiso reconciliarse con la sociedad.
Ya vendrán tiempos para hacer balance de esta administración, con sus muchas falencias y algunos éxitos. Pero una lección es ya obvia: debemos excluir a los militares del gobierno.
Para algunos no es novedad. Personalmente, hace ratos pienso que no necesitamos gobiernos con militares, por la simple razón que no debiéramos tener ejército. Costa Rica lleva décadas ilustrando las ventajas. Políticamente es un desafío, financieramente es un gasto injustificable, y operativamente es insuficiente para garantizar la soberanía nacional o ejercer la defensa de las fronteras de un Estado con la debilidad del nuestro. La magnitud de los retos globales –incluyendo el narcotráfico– garantizan que «[s]i mañana tu suelo sagrado / lo amenaza invasión extranjera», no será el ejército el que nos saque del aprieto, aunque quiera.
Más allá de esas inconveniencias, hay razones graves para no tener militares en nuestro gobierno. Hacen daño a la vida, a la propiedad, a la democracia y a la justicia. Para muestra, apenas lo que salta a la vista de los últimos tres años.
Octubre de 2012: masacre en Totonicapán. Pueblo enardecido, comandante cobarde y soldados nerviosos, y termina la cosa en muertos. Marzo de 2013: “desaparecen” más de 1,400 granadas en un destacamento de Petén. Ni señas de quién, cómo, cuándo. En las inspiradas palabras de un teniente: «un gran camote». Vaya si no.
Marzo de 2013: juicio a Ríos Montt. Un general en el banquillo, un caso de innegable abuso militar –llámelo como quiera–, y sin embargo, esfuerzo sistemático de obstrucción a la justicia. Hasta el Presidente, militar retirado antes que «representante de la unidad nacional», se atrevió a opinar en el asunto.
Septiembre de 2014: nos enteramos que el Ministro de Gobernación (militar retirado) nombró en puestos de administración a una treintena de recomendados de Byron Lima Oliva, ¡preso ex-militar! Y ni entremos a comentar las redes criminales del mentado Lima Oliva, que también incorporan ex-militares.
Noviembre de 2014: dos generales «ayudarán» al Ministro de Salud. Como la diputada, hacemos maromas mentales para justificar que «una persona que trabaja en la defensa del territorio sea asesor del Ministerio de Salud».
Finalmente, el escándalo del día: en contubernio corrupto, autoridades policiales (ex-militares) y proveedores privados (ex-militares) arman una coladera que deja escapar el escaso dinero de la Policía Nacional Civil. Y en Gobernación, militares en retiro callan y otorgan.
Entendamos: la lógica del ejército –no este, sino cualquiera– es la búsqueda y destrucción del enemigo. Para esto se crean, para esto existen. Esa lógica le acompaña a cualquier ámbito en que se introduzca. El fruto lamentable de trasplantar esa lógica al gobierno es que los ciudadanos sean vistos como enemigos. No importa cuántas veces se les diga que no ataquen al ciudadano, no importa cuántas veces digan que no lo harán, les es institucional y psicológicamente imposible. Sería negar su propia identidad.
Peor aún, el ejército que tenemos es una institución impenitente: nunca pudo admitir su papel en los vergonzosos crímenes de la guerra. No supo, no quiso reconciliarse con la sociedad.
Más pegado al suelo, este ejército es una institución que construyó –y nunca superó– una cultura de corrupción y abuso de los bienes públicos como prebenda (justamente encapsulado por el lema: «la fibra es permitida, pero la plancha es castigada» – robar está bien, mientras no te agarren). Nuestra administración pública ya tiene dificultad controlando la corrupción. Agregue a eso la eficacia operativa y los incentivos de «solidaridad» que llevan a encubrir a los compañeros de promoción y ¡que Dios nos coja confesados!
Usted no necesita ser como yo, escéptico de la conveniencia del ejército en un pequeño país centroamericano, para estar de acuerdo sobre la urgencia de sacar a los militares del gobierno. Puede apoyar al ejército, más aún, ¡ser parte de él! y aún así estar de acuerdo conmigo. Si piensa que por razones funcionales necesitamos ejército, ¿cómo justificar el extensísimo daño colateral –humano y financiero– que ha causado y sigue causando la presencia militar a la sociedad y el erario? Siendo usted un militar honorable, que siempre ha actuado bien, ¿cómo afirmar que estos desmanes –sistemáticos, repetidos, persistentes, notorios, nunca castigados– le hacen bien a su institución?
La evidencia está allí, la conclusión no se hace esperar: no necesitamos militares en el gobierno. Ahora vayamos más lejos. Ya algunos comienzan a abogar por una reforma constitucional. Si hemos de refundar el Estado guatemalteco sobre bases de justicia, eficiencia y eficacia, no olvidemos cuestionar la necesidad de un ejército.
