El 10 de junio, 21 países firmaron la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección. Escaso consuelo para quienes semanas más tarde murieron de calor encerrados en un furgón que los llevaba de contrabando en San Antonio, Texas. Pero no subestimemos lo suscrito, aunque sea palabra de político en un impopular encuentro internacional. El lenguaje es la principal herramienta para ponernos de acuerdo y con frecuencia las palabras terminan siendo más sólidas que el hierro.
La declaración marca un mojón. Como en el viaje del migrante, subraya una trayectoria con paradas, incluso retrocesos. La clave es construir persistentemente sobre el progreso previo. Examinemos lo escrito, entendamos hasta dónde avanza la conversación e identifiquemos lo que falta.
El documento hace dos cosas: da razones y describe acciones. Explica lo que los gobiernos piensan sobre la migración y describe lo que están dispuestos a hacer al respecto.
De las razones —objeto de esta nota— sobresale que reconoce y valora la migración. Afirman los suscriptores —incluso países receptores, los Estados Unidos el primero— que los refugiados y migrantes hacen «aportaciones positivas (…) al desarrollo socioeconómico de sus comunidades de acogida», que los países apuestan al «aprovechamiento colectivo de los beneficios de la migración» y que la solidaridad con los refugiados y migrantes es un rasgo valioso. Quedan lejos los odios nativistas de Trump, al menos por hoy.
Reconoce también la migración como fenómeno sistémico, más que de gente que se mueve fuera de la ley; que la población móvil es digna y merece protección sin importar por qué se mueve; que la migración depende de muchas condiciones —políticas, económicas, de seguridad, sociales y ambientales—; que se enmarca en el derecho internacional; que requiere un enfoque regional; y que es un flujo, siempre circular, que vincula comunidades de origen, tránsito y destino.
Ese enfoque se concreta en cuatro afirmaciones que conectan lo que piensan los países acerca de la migración con lo que proponen hacer. Son la base para las acciones que afectarán la vida de migrantes y comunidades en diáspora, por lo que importa reconocerlas.
- Primero, que la migración debería ser elección voluntaria e informada, no una necesidad,
- Segundo, que los países deben cooperar para facilitar una migración segura, ordenada, humana y regular, y promover regresos seguros y dignos,
- Tercero, que los retos deben abordarse en los países y comunidades de origen, tránsito, destino y regreso, y
- Cuarto, que la tarea debe ser abordada entre Estados, junto con sociedad civil y organizaciones internacionales.
Las cuatro afirmaciones —puestas en el orden en que aparecen en la declaración— presentan grados distintos de dificultad. La cuarta es casi cajonera: hoy los estados involucran de oficio a la sociedad civil y a las organizaciones internacionales en la política internacional. Incluso es forma de admitir que no cuentan con, o no piensan asignar, los recursos para sacar la tarea completa. Confiemos en que no se justifique mi cinismo.
La segunda afirmación tampoco presenta demasiados retos: es esperable que en una declaración internacional los países busquen colaborar ante una tarea que excede su escala individual. Pero valoremos la caracterización de la migración que buscan —segura, ordenada, humana, regular— pues reconoce que la migración es sobre todo asunto de gente.
Positiva es también la tercera afirmación, que admite la migración como asunto sistémico, un trayecto circular que compromete a todos los actores en un ciclo. Ese reconocimiento pone en duda la estrecha búsqueda de «raíces de la migración (irregular)» como ejercicio que escarba en países que expulsan migrantes. Entendamos: las raíces, los retos y las soluciones están en todo el trayecto, incluso en los países que reciben a los migrantes y por los que transitan.
Sugerir que la migración ha sido involuntaria es negar agencia al migrante, aún cuando migrar es un ejercicio de suprema voluntad ante riesgos elevados.
Esto nos lleva a la primera afirmación, la más delicada: que la migración debiera ser una elección voluntaria e informada, no una necesidad. ¿Quién decide cuál migración es necesaria? Sugerir que la migración ha sido involuntaria es negar agencia al migrante, aún cuando migrar es un ejercicio de suprema voluntad ante riesgos elevados. ¿Quién define cuál información es relevante? Quizá más que informar sobre los peligros del trayecto, como hacen las embajadas y cooperación internacional de los EE. UU. en Centroamérica, debiera informarse por qué se carece de opciones económicas en el lugar de origen, o detallar que la migración es irregular porque el país receptor así lo quiere, subrayar que es peligrosa precisamente porque ha sido criminalizada. La información es poder; informar es también un ejercicio de poder. Desentrañar esto permitirá justipreciar las medidas de acción propuestas, y también imaginar las que faltan.
Imagen: Desde Xela, Impecable (bar tender en Washington DC) (2021, foto propia)
