Por supuesto, salgamos a perseguir al perro para que vuelva a entrar a la casa. Pero a la vez hay que cerrar la puerta para que no se vuelva a salir.
La Cicig y el MP han hecho evidente la corrupción extensa en el Gobierno y la política. Han mostrado cómo los intereses ilícitos particulares prevalecen sobre las decisiones gubernamentales. Jueces y administradores terminan respondiendo al dinero antes que al interés común.
Establecida esa relación, la mafia va más lejos. Captura directamente los recursos del Estado. Cierra contratos mañosos, como en el caso del IGSS, o roba descaradamente los fondos públicos, como en el caso de La Línea.
