La noticia de la semana fue que la gente ruin— el Ministerio Público de Consuelo Porras — no cejará en procurar que Bernardo Arévalo ni siquiera pueda asumir sus responsabilidades el 14 de enero.
Quizá sean estertores de un proyecto fracasado. Urgidos de protegerse los golpistas, mientras más solos se quedan, menos pierden con lanzarse a cualquier absurdo destructivo que pasa por sus mentes. Eso explicaría iniciar procesos de retiro de antejuicio basados en opiniones dadas por diputados en ejercicio del cargo; algo plenamente protegido por la Constitución (Art. 161 b reformado).
Pero van más lejos, atacando a personas que han demostrado su valía ciudadana: docentes universitarios y estudiantes destacados que denunciaron la rectoría ilegal de la Universidad de San Carlos. Y rematan la bajeza cuando capturan (estrictamente secuestran) a Marcela Blanco, una joven profesional de 23 años, egresada de la Universidad Rafael Landívar, excandidata a diputada del Movimiento Semilla.1
Más allá de las razones espurias de un MP al que no le interesa la lógica jurídica, conviene reflexionar sobre estas acciones en un marco histórico, social y económico más amplio.
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