Tag: Guatemala

  • Élites sí, elitistas no

    En una democracia madura, la riqueza no es fuente de derecho. Más aún, en un marco ético progresista, la riqueza es causal de responsabilidad.

    Atribuye el Nuevo Testamento a Jesús palabras que dicen que “a los pobres siempre los tendréis con vosotros” (Juan 12:8). Lo que la cita no dice pero insinúa, es que a los ricos también los tendremos siempre con nosotros.

    Esta observación obvia esconde la peculiar dinámica que subyace a cualquier economía: tener recursos hace más fácil obtener más riqueza, y su ausencia lo dificulta. Por ello, la distribución de la riqueza en la sociedad tiende a estabilizarse de forma que unos pocos tienen mucho, y muchos otros tienen solo poco. Esto tiene implicaciones importantes al considerar las necesidades de redistribución, pero dejemos este punto a un lado, aunque sea importante.

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  • Pobrecidio

    Así como hay una tarea importante de justicia material para con los pobres y las víctimas de la guerra, hay una crítica tarea de reformar nuestras maneras y nuestro lenguaje.
    A Don Álvaro, que ya para entonces pasaba de los 80 años, se le llenaron de lágrimas los ojos, al recordar lo que llegó a conocerse como la Masacre de La Cañada.
    –Llegaron unos quinientos, lo recuerdo como si fuera ayer. Estaba supervisando la reparación de mi Range Rover cuando nos sacaron a pura patada y culatazo. Nos llevaron por toda la calle. Habían botado la talanquera, y por la entrada de la garita nomás se veían los pies del guardia muerto, tirado en el piso. Nos juntaron a todos en la iglesia de San Judas Tadeo, tan bonita que era, redonda, allí en la novena calle, cerquita de la Avenida de las Américas. Ahora solo hay un baldío. Nos encerraron allí. Cuando al fin entendimos, ya le habían prendido fuego. No sé cómo logré salir por la ventana de la sacristía. Me voy a ir a la tumba con la imagen de los ojos del Johnny (¡su mamá siempre lo decía así, Yoni!), canchito. Todavía tenía puesto el uniforme, acababa de regresar del karate…

    Absurdo, ¿verdad? Sin embargo, la historieta quizá sirva para explotar aquella capacidad tan particular de los humanos –la empatía– y nos ayude a ponernos en los zapatos de otro, en el de las víctimas. Aún en campaña, el Presidente negó que en Guatemala hubiera habido genocidio. Démosle por un momento el beneficio de la duda, y supongamos que las masacres –ya constatadas más allá de la duda– no hayan tenido una dedicatoria étnica, y preguntémonos a quiénes sí alcanzaron.

    Durante la guerra, la muerte en masa, esa de fuego y anonimato de las víctimas, de fosa común y negación, fue aplicada con exclusividad a los pobres del campo. Mientras que personas de la clase media, e incluso algunos hijos de la élite fueron muertos uno por uno, o sufrieron la funesta “desaparición” por pertenecer a la guerrilla, incluso simplemente por señalar la injusticia, esto de morir amontonado fue solo para los pobres. Gente considerada tan distinta de quienes planearon los ataques, y de la clase media y alta que vivíamos en la ciudad de Guatemala, que a nuestros ojos habrían podido vivir en otro planeta.

    Justo antes de la Semana Santa me vino a la mente este pensamiento, cuando un colega compartió con indignación un mensaje de Twitter transmitido en referencia a la marcha campesina de esos días:

    “Caminata de campesinos se desplaza por el km 20, de la CA-9 norte, hacia la capital. / Malditos insectos”.

    No sería esta la primera vez que alguien usara el mote de insectos para denigrar la humanidad de otros. “Cucarachas” era el término que los genocidas aplicaron a sus víctimas Tutsi en Ruanda.

    Afortunadamente, lo nuestro no es un frenesí asesino, sino más bien los estertores ignorantes de una guerra que se resiste a terminar.

    En este contexto, el Presidente enfrenta una necesidad de corto plazo: asegurar la gobernabilidad. Esto incluye mantener tranquilos a los poderosos que dentro del Ejército sienten ya demasiado cerca la justicia, así sea sobre la cuestionable base de negar el genocidio para encontrar una salida jurídica. Sin embargo, a nosotros debe ocuparnos una consideración de más largo aliento: construir una sociedad más justa. Mientras él se ha dado el lujo de navegar cerquita de la injusticia, nosotros podemos ser más exigentes. Expresiones como la descrita deben ser señaladas como malignas, erradicarse de nuestro lenguaje y extirparse de nuestra conciencia. No a base de callar al que las usa, sino que señalando lo repugnantes que son.

    Es poco probable que los ya adultos enmienden las pulsiones que les hacen racistas y clasistas. Sin embargo, así como hay una tarea importante de justicia material para con los pobres y las víctimas de la guerra, hay una crítica tarea de reformar nuestras maneras y nuestro lenguaje. Le debemos a nuestros hijos y a los más jóvenes el crecer en una sociedad donde no haya –ni siquiera en nuestro lenguaje– un “otro” deshumanizado.
  • Abre tus ojos

    Como siempre, la libertad no ha sido gratuita.

    Desde la Antigüedad y por mucho tiempo fue incuestionable la autoridad del soberano. Generalmente ella se explicaba como una atribución divina y como un orden natural. El cuerpo tiene cabeza, tronco y extremidades, y el cuerpo social necesariamente debía tener cabeza en el monarca y pies en los peones. Cada uno en su lugar, cumpliendo su parte en el plan divino.

    Especialmente con el advenimiento de la modernidad esto comenzó a cambiar. Los grandes pensadores del Renacimiento se atrevieron a cuestionar la noción del orden natural. Sus ideas cristalizaron en una comprensión de la persona como sujeto que buscaba libremente su realización. Los últimos 300 años han consolidado el sentido de individualidad que ahora nosotros disfrutamos. Una a una cayeron las excusas que servían para excluir grupos de personas del goce de la libertad plena: sexo, origen, color y edad dejaron de ser razones para ser considerado objeto, en vez de individuo.

    Como siempre, la libertad no ha sido gratuita. En el medioevo había un trato: a cambio del tributo, la nobleza ofrecía protección a los vasallos ante las amenazas de otros nobles. Para fines prácticos era una extorsión a gran escala. Quitar poder al extorsionista sobre la vida de sus víctimas tomó mucho tiempo y mucho esfuerzo. Aún hoy vemos estas luchas de identidad en torno a la homosexualidad. Sin embargo, en todos los casos al ganarse la libertad individual, tocó a los individuos/ciudadanos reconocer que aquello que antes recibían automáticamente –como la protección del noble– ahora tendrían que procurárselo ellos mismos.

    Aunque la conquista básica –reconocer que el supuesto origen divino del soberano y el orden natural del poder no son sino patrañas– ya sucedió a nivel histórico, el dilema se recrea en cada sociedad, en cada generación, y en cada individuo. Es clásica ya la imagen de Neo, el héroe de The Matrix, que enfrenta una elección crítica: o escoge la cápsula azul y sigue su vida de inconsciencia feliz, o toma la cápsula roja y cobra una consciencia de la cual nunca podrá regresar. Hoy, como siempre, podemos vivir en una “matriz” de poder. La vida bajo las reglas de una sociedad –aún una tan endeble como la guatemalteca– nos evita tener que negociar cada acción que realizamos. Pero también nos atrapa.

    No hay que ser particularmente cínico para cuestionar la bondad de las instituciones que nos rodean. Estado, iglesias, empresas y familia, todos tienen su lado oscuro. No necesitamos aceptarlo todo, con una sonrisa, y además agradecerlo. No necesitamos celebrar nuestra sujeción, y esto no nos hace seres ingratos.

    La burguesía, esa que constituyeron artesanos y comerciantes en torno a los castillos feudales, cuestionó a la nobleza cuando su creciente riqueza y la tecnología les dieron la autonomía para hacerlo. En el proceso se fundó la sociedad capitalista moderna. Hoy sucede otro tanto. Desde los Indignados, pasando por el Occupy Wall Street, hasta los Cangrejos de Guatemala, tomamos consciencia de que el orden social que nos rodea no es necesario ni inevitable.

    Reconocer que ese entorno social y político es un invento contingente nos ayuda a encontrar los espacios a través de los cuales transformar y transformarnos. Guatemala está aún muy al margen de la historia. La combinación de ciudadanía incompleta, baja tecnología y pobreza significa que seguimos peleando batallas viejas, con armas viejas. Pero eso de ninguna forma significa que debamos ser ciegos.

    Original en Plaza Pública

  • Borrando con el codo…

    Lo que la industria necesita no es dinero gratis, sino empleados competentes y capital de trabajo.
    ¿En qué cabeza cabe que darle más dinero al que ya tiene, habría de resultar en bienestar para los demás?

    Salvo contadas excepciones, los de arriba han demostrado que nunca, bajo ninguna circunstancia y para nada, habrán de poner voluntariamente su parte en el bien nacional.

    Casi no podía creerlo. El Miércoles Santo, como mosca en medio del almíbar de mi torreja, la noticia en elPeriódico: “Nuevos incentivos para atraer inversión”. La formula secreta que devela el presidente Pérez Molina es el mismo remedio de merolico de siempre: exenciones fiscales a las empresas. Poco más de un mes duró el alegrón de burro de la “reforma fiscal”, que correctamente nos recetó a la clase media alta y profesional pagar más, y a la clase alta un poquito más. Ahora se apura el gobierno a borrar con el codo lo que escribió con la mano, y devolver a los de arriba el “préstamo” que le hicieron a cambio de no resistir esa reforma.

    Son maliciosos los argumentos de los representantes empresariales, pero razonables: ellos están en el negocio de ganar dinero, así sea arrebatándolo del Estado y del resto de la sociedad, so excusa de la creación de oportunidades. Sin embargo, el caso del gobernante es más embarazoso. Aunque pueda sorprenderle al señor Presidente, su obligación está con la ciudadanía, no con sus financistas de campaña. Si realmente quiere crear empleo e incrementar la productividad, hay acciones de probada eficacia, y que son permanentes. Eficaz impulso a la producción es dar una educación secundaria y universitaria de calidad a todos los jóvenes, no solo a algunos. Otro tanto ocurre con invertir en cursos y carreras con un claro vínculo al mundo del trabajo, que lleven de la secundaria a la universidad y luego al empleo, no a los callejones sin salida de un “bachillerato en aviación” o de la güisachería sin título.

    Si el Presidente realmente quiere invertir en el empleo y en aumentar la productividad, en vez de tirar millones de quetzales al retrete en exenciones fiscales, bien haría en cobrar los impuestos e invertir esa misma cantidad en programas de pasantía para jóvenes que comienzan la vida laboral, o en becas y préstamos educativos para que completen carreras técnicas universitarias los que hoy abandonan luego de la secundaria. Podría invertir en créditos para el emprendedurismo o la pequeña empresa, o en la búsqueda de mercados para los productos nacionales. Lo que la industria necesita no es dinero gratis, sino empleados competentes y capital de trabajo. El dinero gratis lo quieren los industriales, pero eso es otra cosa, y su nombre no es bonito.

    Me pregunto dónde estarán en este entuerto los mejores representantes de la clase media profesional en este gobierno, como Fernando Carrera, Miguel Gutiérrez, el propio ministro Centeno, que bien saben de políticas económicas y desarrollo. Me pregunto si la clase media –los asalariados y profesionales que ahora van a pagar más y no recibirán exenciones fiscales dizque para aumentar el Producto Interno Bruto– seguirá siendo la clase pusilánime que ve la cosa como que no es con ella, a pesar de que tendrá que pagar la cuenta de semejante extravío.

    Así que, ahora que volvemos renovados de la Semana Santa, lo invito a decir con energía: yo pongo mi parte, tú pon la tuya. No a las exenciones fiscales.

    Original en Plaza Pública

  • El enroque: la universidad y la sociedad

    ¿Acaso el situado constitucional a la USAC, 5% del Presupuesto de la Nación, es un regalo a ojos cerrados?

    En Guatemala, hay instituciones que tienen estatus privilegiado. Son entes que vienen con escudo incorporado, como las iglesias o los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

    Al ser por definición intocables, quienes detentan su poder no necesitan explicar su privilegio. Simplemente apuntan a su estatus excepcional, y allí termina la discusión.

    El CACIF es uno de estos casos: no nos preguntamos por qué deba estar en tantas Juntas Directivas institucionales, simplemente así es. La universidad es otro caso. En torno a los incidentes violentos que ha experimentado en días recientes la USAC, la discusión con frecuencia termina en ideología, y en silencio. Por un lado están los neoliberales militantes, que la atacan nomás por su obsesión de sacar al Estado del radar social y de paso terminar de convertir la educación superior en otro mercadito más. Por el otro están los que blanden lugares comunes como argumentos: “la tricentenaria”, como si la edad fuera razón suficiente y, por supuesto, la consabida “autonomía”.

    Quizá los tiempos estén maduros para una discusión más seria y sin tabús. Más gente comienza a ver a la cúpula empresarial como lo que es: un simple cartel que abusa su posición de ventaja. El fisco –que es del conjunto de la sociedad– les comienza a quitar cancha, aunque sea un centímetro a la vez. Igual toca cuestionar la forma en que abordamos como sociedad la educación superior. La autonomía universitaria es una conquista social. Como tal es a la vez una concesión del Estado a una institución en lo particular. Al haber degenerado esa concesión en patente de corso para toda suerte de desmanes, tenemos los ciudadanos el derecho de revisar –tanto en el sentido de examinar con atención, como en el de replantear y modificar–, los términos de la concesión.

    En materia de interés público, como sin duda lo es la educación superior, incluso los proveedores privados deben sujetarse a la regulación del Estado. Cuánto más en el caso de la universidad pública. Esto no es una autorización para invadir la autonomía necesaria para cumplir con su responsabilidad. Por la misma razón debe el Estado activamente garantizar la libertad académica en toda universidad, privada o pública. Más bien, es exigir que se cumplan los términos de la promesa de la universidad a la sociedad. ¿Acaso el situado constitucional a la USAC, 5% del Presupuesto de la Nación, es un regalo a ojos cerrados?

    Seguramente hay formas para inducir cambios. Va un ejemplo sacado de la manga: en vez de una universidad única, podríamos tener un sistema de universidades públicas regionales, que compitieran entre ellas por los estudiantes. El situado constitucional se distribuiría entre ellas en función del volumen de su matrícula u otros criterios, como el volumen de la población regional o la producción de graduandos. Todas se verían obligadas a crear cambios para atraer estudiantes, que ya saben reconocer la calidad cuando se les da la información, y la oportunidad.

    Esto, como cualquier otro cambio de fondo, sería un asunto de reforma constitucional, y aquí nos topamos con un importante escollo. Reformar la universidad es responsabilidad de la comunidad universitaria, pero sus líderes carecen de los incentivos. Exigir una reforma es potestad del Congreso, como representación de la ciudadanía, pero el Legislativo es, literalmente, una cueva de ladrones. ¿Cómo conseguir buenos resultados con malas piezas?

    Sirve aquí el concepto del enroque, que en el ajedrez permite mover al rey y a una de las torres, en una sola jugada. Dos posiciones malas sí pueden dar resultados positivos, cuando los intereses de cada uno se contradicen lo suficiente como para obligar a todos a ceder terreno. Por ejemplo, sabemos que la reforma del sistema de partidos políticos es urgente, pero no conviene a los legisladores. Una reforma universitaria que descentralizara el financiamiento y la gestión de la universidad podría ser un atractivo incentivo a la base de poder de los diputados distritales (los que no vivan del narco, dicho sea de paso).

    Quizá lo que toque, en vez de buscar reformas únicas y monotemáticas en la Constitución, las leyes y las instituciones del país, sea buscar reformas aparejadas. Vale la pena hacer el judo político, más suave pero más eficaz, que compense el interés de los diputados distritales con la oferta de llevar la universidad al nivel local. Vale la pena quizá dejar de ser miopes, reunir reformadores universitarios con reformadores políticos, y hacer frente común.

    Original en Plaza Pública

  • Educación para el trabajo: un camino sin señales

    La formación para la vida y para el trabajo no se contradicen, y asegurar la vinculación entre educación y trabajo no es un asunto solo de educadores.

    Hace años en la Calzada Roosevelt había un rótulo que decía: “a México frontera”. Estrictamente era cierto, pues de allí eventualmente se llegaría al vecino país. Sin embargo, muchas cosas tendrían que salir bien para que esa primera señal fuera útil.

    Igualmente hay una señal en camino a Occidente desde la Capital –creo que está en Cuatro Caminos– que más que rótulo, es un auténtico mapa. Una multitud de trazos hacen inútil su información al conductor, excepto si se detiene a la orilla de la carretera. Ni la vaguedad, ni el exceso impertinente permiten al viajero tomar decisiones. A veces el problema es que simplemente ¡no hay señales! Llegar a un destino específico exige suerte, pedir instrucciones en el camino y muchos virajes equivocados.

    Algo parecido enfrentan los jóvenes en Guatemala al querer formarse para el trabajo. Aquellos que tienen los recursos para acceder al diversificado y la universidad enfrentan un futuro laboral vago, confuso e incluso desconocido a los 14 o 15 años. Con frecuencia la elección de carrera se reduce a imitar a los padres: como papi es contador, la joven quiere estudiar economía, y el viaje se reduce a pedir consejo al que ya pasó antes por el mismo camino.

    Para otros la situación es más perversa. El trabajo obliga a escoger escuela o carrera simplemente por estar disponible por las noches o en fin de semana. Es como un capitalino que decida ir a Amatitlán en vez de la Antigua porque la Roosevelt está tapada, no porque tenga asuntos que tratar en aquel lugar.

    Luego están los que cursan algunas carreras por tradición. Víctimas ejemplares son la legión de abogados en ciernes, que pasan años en un limbo de requisitos, muchos sin perspectiva de graduarse jamás, dedicados a cualquier cosa menos la materia respectiva.

    Finalmente, son muchos los que escogen “carreras laborales de nombre simple” (médico, abogado, economista, psicólogo) que es como viajar solo a las cabeceras departamentales, habiendo tantos destinos que podrían dar más satisfacción y tener mejor mercado (técnico en salud rural, investigador en criminalística, asesor fiscal, investigador en neurociencia y tantos otras “carreras de nombre compuesto”), pero de las cuales se desconfía o que las universidades no ofrecen.

    El nuevo gobierno ha identificado la formación de los jóvenes como una prioridad, y lo es. El Ministerio de Educación se esfuerza por reducir el caos de los muchos “bachilleratos técnicos” que engañan con promesas de especialización precoz, y algunas universidades comienzan a ampliar y flexibilizar su oferta. Pero esto es apenas el principio.

    Ayudar a una nueva generación de jóvenes que se embarcan en la formación laboral exige darles señales claras sobre el camino a seguir. Necesitan información sobre tendencias en las empresas y la economía (en última instancia, la fuente de los empleos), para enriquecer sus aspiraciones y facilitarles la toma de decisiones. Es urgente revestir de calidad educativa y buena reputación las actividades profesionales no-académicas (desde plomería o mecánica hasta las carreras técnicas más alambicadas), y así evitar que tantos jóvenes se despeñen por la ilusión de ser “licenciados” en unos conocimientos que nunca aplicarán.

    Deben reducirse las barreras al acceso, flexibilizando más horarios y currículos en el diversificado y las carreras universitarias, ofreciendo becas, estipendios y créditos educativos; y las barreras a la permanencia, retirando requisitos onerosos e improductivos, como tantas tesis de licenciatura, que sin enriquecer el acervo investigativo garantizan que muchos cierren pénsum pero nunca se gradúen.

    Sobre todo, es necesario configurar claramente y garantizar los cursos de carrera que llevan al empleo formal o el emprendedurismo –esas combinaciones de bachillerato, curso técnico y pasantía que recorridas por un joven desde el básico desemboquen en empleo formal–; y fortalecer la orientación enfocada en el empleo a manos de asesores vocacionales, maestros y voluntarios que ayuden a los jóvenes a trazarse un curso de carrera para el empleo.

    La formación para la vida y para el trabajo no se contradicen, y asegurar la vinculación entre educación y trabajo no es un asunto solo de educadores, sino de desarrollo sostenible. No es responsabilidad exclusiva de un INTECAP, el Ministerio de Educación o las universidades; en esto debe involucrarse de lleno y temprano al empresariado (que no significa solo CACIF, pues hay muchos y muy variados empleadores en este país). La alianza público-privada en la educación va mucho más allá de pintar escuelas o financiar universidades. Empieza por comprometerse unos a dar una educación con calidad y otros a facilitar acceso al empleo decente. Es proponerse ambos sectores a tender una carretera ancha y bien señalizada entre la escuela y el trabajo.

    Original en Plaza Pública

  • ¿Qué se necesita para acabar con el trabajo infantil?

    Quizá lo que nos haga mejores guatemaltecos sea dejar de ser tan buenos chapines.
    Hace dos meses que Plaza Pública sacó su reportaje sobre trabajo infantil*/ en la industria del azúcar en Guatemala. Parece eterno. Dos meses de trabajo extenuante para quién sabe cuánta gente.

    Seis, ocho, diez horas diarias de esfuerzo que usted y yo evitaríamos a toda costa. Y los niños siguen allí. En el azúcar, el café, las llanteras, las canteras y el mercado. En todos lados excepto la escuela.

    Mientras tanto, estrenamos Presidente, cambiamos a medias los impuestos, nos horrorizamos ante la muerte en llamas de un montón de presos en Honduras. Y los niños siguen allí. En el azúcar, el café, las llanteras, las canteras y el mercado. En todos lados excepto la escuela.

    Hace un par de semanas –día 40 del calendario desde que Plaza Pública nos escandalizó sobre el trabajo infantil– desde que escuché a la Ministra de Educación recordarle a los hijos del privilegio en la UVG –esos que incluyen a mi hija– que debían reconocer su buena fortuna y dedicarse a maestros, porque la patria los necesita. Y los niños siguen allí. En el azúcar, el café, las llanteras, las canteras y el mercado. En todos lados excepto la escuela.

    Hace semana y media que a alguien se le antojó que podía cuestionar a una gaseosa y a un cantante pop por endosarle a la víctima –el manido “chapín”– la responsabilidad de cambiar la patria. Hace semana y media que a un ejecutivo de mercadeo se le ocurrió la estúpida idea de censurar un programa de radio. Hace tres días que el cantante, haciendo gala de una desaprensión monumental, desperdició la oportunidad de elevarse por encima de la trifulca y apeló a los tépidos glúteos de sus críticos como sesudo argumento para descalificarlos. Y los niños siguen allí. En el azúcar, el café, las llanteras, las canteras y el mercado. Y el coro de entusiastas aplaudieron como focas la diatriba malhadada de aquel que yo tenía por intelectual del arte. Pero los niños siguen allí, en todos lados excepto la escuela.

    Hace nueve días que Joseph Kony, el maligno líder y secuestrador de niños del Lord’s Resistance Army saltó al estrellato global, luego de 27 años de atrocidades, gracias al video de Invisible Children. Apenas una semana en que una página de Facebook “KONY 2012 GUATEMALA” juntó efusivos y entusiastas 1,789 me gusta de chapines que ahora buscan pulseras a $10 (¡setenta y siete quetzales!), posters y playeras para mostrar su compromiso con los distantes y desdichados niños ugandeses. Y los niños trabajadores de Guatemala siguen allí. En el azúcar, el café, las llanteras, las canteras y el mercado. Y yo ineficaz me pregunto por qué sólo 65 gentes –ni siquiera el número de quienes llamo amigos y amigas– se apuntaron a mi pobre intento por llamar la atención al reportaje de Plaza Pública y sus tristes sujetos.

    Y me asombro porque el cantante le reclama a sus críticos si “hubiese sido mejor idea llevar una cámara y fotografiar cuanto cadáver nos encontremos (…) para enviar al mundo de manera redundante una imagen de nuestro país que es la que ya conocen”. Me asombro, porque la misma gente que aplaude su réplica se apunta entusiasta a mostrar los horrores goyescos de un asesino africano. Pero en medio de todo, los niños trabajadores de Guatemala siguen allí. En el azúcar, el café, las llanteras, las canteras y el mercado. En todos lados excepto la escuela.

    Así que tal vez, solo tal vez, lo primero que nos haga falta para acabar con el trabajo infantil sea un poco de distancia. Una distancia africana, para vernos en todo lo patéticos, humanos, incompletos, vergonzantes y vergonzosos que somos. Una distancia de continente ignoto, para dejar de pensar que nos ha tocado la gracia y matar la ingenua arrogancia, cuando somos una piltrafa; para abandonar la sandez de pensar que basta con sonreír para cubrir la multitud de nuestros pecados. Una distancia para admitir que quizá lo que nos haga mejores guatemaltecos sea dejar de ser tan buenos chapines, y no maldecir al que nos critica. Una distancia para tomarlo en serio: ni un solo niño fuera de la escuela hoy, mañana, nunca. Alcaldes, ministros, presidentes/generales, “miralindas” de bolsa Gucci, cantantes de pop endulcorado a punta de mercadeo, universitarias, líderes campesinos en el Polochic; Widmans, Paices y Botranes, Castillos y Pulidos –¡hasta Alvarados!– que digan e insistan: ni un solo niño fuera de la escuela, ni hoy, ni mañana, nunca.

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    */ http://plazapublica.com.gt/content/trabajo-infantil-y-explotacion-labora…

    Original en Plaza Pública

  • ¿Dónde está el problema?

    El problema, el gravísimo problema está en la cortapisa a la libertad de expresión.
    No solo es de los pocos chapines visibles a escala mundial, y habiendo una legión de músicos de pop –todos igualmente banales– es justamente a él a quien otros chapines deciden criticar.

    Le cayó palo a la Pepsi. El lúcido análisis de Mario Roberto Morales explicó con ciencia cómo la propaganda nos endilga a los ciudadanos la responsabilidad de arreglar las cosas, la resignación de aceptar que lo malo es bueno, y que la culpa de todo es nuestra. Y de paso, vendernos más de sus inservibles pero sabrosas aguas negras.

    Le cayó a la agencia de publicidad, por presionar a la estación de radio para retirar el programa de Grupo Intergeneracional. Sin embargo, los mercadólogos estarán tranquilos en sus conciencias, pues su responsabilidad es mantener y mejorar la imagen de sus clientes. Siendo este un mercado libre –alegarán– es asunto suyo decidir en qué estaciones de radio pautar.

    ¡Le cayó hasta al Grupo Intergeneracional! Que por qué tanta mala sangre, con lo que cuesta que los guatemaltecos nos sintamos orgullosos, y que la gente haga esfuerzos para movilizar a la ciudadanía, ¿por qué tomarse el trabajo de criticar la campaña de la Pepsi y Arjona?

    Ser un excelente promotor del propio arte, aunque no sea grande, no parece razón para tanta crítica. Al fin, yo no soy un García Márquez e igual escribo aquí. Combinar implicaciones inverosímiles con productos de consumo diario tampoco lo inventó la Pepsi. Hace rato que las comadronas dicen que hay que usar rojo para evitar el mal de ojo, y ante semejante disparate no las crucificamos con análisis sociológicos. Hace rato que la mercadología enseña a engañar en las aulas académicas, y no hemos salido a boicotear a las universidades.

    Entonces, ¿dónde está el problema? Porque si hasta aquí le he dado la impresión que no hay un problema, lo estoy confundiendo. Sí, hay un problema y es grave.

    El problema clave no es de ética profesional, semiología del mercadeo o estética musical. Claro que quisiéramos que el artista fuera un alma pura. Sin embargo, basta considerar a Mozart y Michael Jackson, por citar apenas dos, como muestras que arte y calidad personal no necesariamente caminan juntas, y no por eso dejamos que se nos enreden los calzoncillos. Por supuesto que es condenable que una empresa de gaseosas y su agencia de publicidad se porten como malandros callejeros, amenazando a los débiles para salirse con las suyas, pero ya mucho se ha dicho acerca de sus motivos: son pinches vendedores de agua azucarada. ¿Y qué decir de la validez del argumento de Grupo Intergeneracional? La creciente evidencia científica en materia de sistemas emergentes complejos también da razones para cuestionar su análisis y afirmar que es la gente, un individuo a la vez, que llevan al cambio. Así que estos temas apenas debieran quitarnos el sueño y el tiempo.

    El problema, el gravísimo problema está en la cortapisa a la libertad de expresión. Cuando una voz se ve callada a la fuerza, no importa cuán estúpidos o álgidos sus argumentos, nos quedamos sin forma de operar la conciencia de nuestra sociedad. Segar el diálogo nacional que se realiza por los medios de comunicación es quitarle una pata al trípode Estado-ciudadanía-medios que sostiene y permite crecer a la democracia.

    En este caso, defender o atacar el voluntarismo cursi y señalar el arte mediocre o las conspiraciones empresariales es entretenido, pero es mear fuera del balde. Mientras tanto, el consentimiento de la radio ante la presión de los publicistas pasa relativamente desapercibido, y es grave. El silencio cómplice de las entidades gremiales de prensa es una vergüenza mayor que la de una radio cobarde. La inmovilidad de diputados, ministros y agentes del interés público, como la Procuraduría de Derechos Humanos, da señas claras que ante este Estado, los ciudadanos valemos poco, y nuestra voz, menos.

    Original en Plaza Pública

  • ¿Servicios, derechos o funciones?

    Se me murió el caballo, justo cuando ya le había enseñado a vivir sin comer.
    El Estado, a través de instituciones como los ministerios de Salud, Educación, Comunicaciones o Gobernación, produce servicios clínicos, educativos, telefonía y carreteras o policía, entre muchos otros.

    Hay quienes ven esto como la totalidad del quehacer público, y su relación con los ciudadanos como una simple transacción comercial: pago impuestos, y con ello compro una cartera de servicios. Fácil, igual que ir a un banco o a un supermercado. Pago más, me da más; pago menos, recibo menos.

    De aquí se desprende la fórmula que sugiere que la privatización pueda ser siempre una buena solución: si hay un proveedor que me ofrezca salud, educación o policía a un precio más barato que la institución pública, ¿por qué escoger la opción más cara? Mejor privatizo, y que un proveedor especializado venda con mayor eficiencia y al mejor postor los servicios de salud, educación y demás. El gobierno de Arzú fue el más entusiasta exponente de esta visión.

    Sin embargo, la cosa es más complicada. Muchas actividades, más que “servicios”, son derechos. Recibir los beneficios de una maestra o una doctora no son simple contraparte a mi pago por sus servicios, sino una satisfacción que el Estado me debe por la simple razón de ser yo un ciudadano, así como lo son los demás, pobres o ricos. Tengo, tan solo por mi naturaleza y dignidad humanas, la expectativa de una vida decente, con oportunidades y medios para aprovecharlas. Al menos en principio, es el Estado la forma que tenemos el conjunto de ciudadanos para resolver esa expectativa.

    De esta segunda perspectiva se desprende el reconocimiento de que no siempre lo más barato es lo mejor, ni la capacidad de pago la única clave para acceder a un servicio. Ante la realidad de la desigualdad en los ingresos y las capacidades, las sociedades optan por subsidiar al más pobre a partir del más rico, o solidarizarse los mejor dotados con los menos afortunados. La Constitución enmarca esta visión, y los Acuerdos de Paz ensayaron darle más visibilidad para el caso guatemalteco.

    Sin embargo, hay una tercera dimensión en todo esto, más allá de las perspectivas del servicio y el derecho. Cuando vemos un negocio, sabemos que hay allí un dueño, quizá inversionistas, y aparte algunas personas –los empleados– que prestan los servicios de manera directa. En el caso de un hospital o un colegio privado, decimos que es “de fulano”, quien no necesariamente es médico o maestro. Curiosamente, cuando nos preguntamos dónde está el Estado, es fácil ver el servicio, pero no encontramos detrás a nadie más. Esto esconde dos hechos notables. El primero es que los “dueños” de un Estado no son sino sus propios ciudadanos (al menos cuando se trata de una democracia efectiva). El segundo es que el Estado no existe sino cuando hace cosas, cuando ejercita sus funciones.

    Entonces, el Estado no solo produce servicios, ni sólo reproduce a la sociedad en sus derechos. Además y a la vez, se reproduce a sí mismo en sus funciones. El Estado que llamamos Guatemala y del que nos consideramos ciudadanos, solo existe en la medida que se recrea en nosotros como beneficiarios de sus funciones de salud, educación, seguridad y tantas otras.

    Cuando a partir de los ochenta corrimos tras el espejismo de un servicio más barato y más eficiente en nombre de la privatización, con frecuencia negamos el derecho de los más pobres (que al fin, no tenían voz). A la vez, logramos pegarnos el tiro en el pie con gran puntería, al hacer desaparecer la función estatal. Es claro que el Estado ha dejado de existir allí donde faltan servicios para los pobres, donde no llegan las instituciones públicas y solo mandan caciques o narcos. Sin embargo, igualmente ha desparecido allí donde no hace falta usar servicios públicos, porque se tiene para comprarlos al sector privado.

    Hoy que la fortuna de los conservadores está al alza, quizá no sea casual que ya empecemos a oír nostálgicas referencias a la privatización de funciones clave como la educación, a pesar del radical anacronismo que ello implica, visto más allá del contexto guatemalteco. El problema es que ante la inexistencia práctica de Guatemala en muchas áreas de la vida, y las crecientes invitaciones al cambio a partir de los ciudadanos, ello exige creer en la magia como recurso de política. Pedir hoy más privatización es ponerse en la situación del arriero tonto: “se me murió el caballo, justo cuando ya le había enseñado a vivir sin comer”.

    Original en Plaza Pública

  • Los valores de nuestros padres

    Hoy ha caído un muro antes infranqueable, y esto no es un simple evento fiscal o económico.

    En su discurso de toma de posesión, el Presidente Pérez Molina dijo que “…hoy más que nunca necesitamos de la restitución de nuestros valores morales como la honradez, el respeto, reconocimiento positivo de nuestra diversidad, la plena inclusión de nuestros pueblos indígenas el trabajo arduo y la libertad”. [sic]

    No hace falta ir muy lejos en la experiencia, la memoria o la historia para reconocer que lahonradez, el reconocimiento de la diversidad y lainclusión de los indígenas escasamente han sido valores fundacionales de la cultura guatemalteca.

    Esta prestidigitación verbal y simbólica –apelar a una mitología, reclamar un injerto en la supuesta buena raíz de una sociedad y a la vez adherirle conceptos “políticamente correctos” que no le son propios–, es un recurso convencional en la retórica política, así que apenas deben sorprendernos las inconsistencias. Bien sabe el Presidente que la cultura tradicional guatemalteca no ha valorado la diversidad –excepto para el servicio doméstico–, nosotros lo sabemos, y él sabe también que lo sabemos. Así que aquí no hay nadie bajo engaño.

    Sin embargo, la ocasión sirve para reconocer un tema mayor, y es que los valores que hasta aquí han ensalzado los poderosos cada vez sirven menos para producir riqueza, no digamos ya justicia, gobernabilidad y paz. Esos valores que fundaron la Guatemala liberal, la que representamos en nuestra bandera con anacrónicos fusiles y sables, esos que algunos han buscado conservar a sangre y fuego a pesar de industrialización, intervención norteamericana, apertura al mercado mundial, Revolución del 44, 36 años de guerra civil y 15 de paz a medias, cada vez son menos útiles, más embarazosos, incluso para los hijos del privilegio.

    Esto comienza a ser reconocido, y para fortuna de todos. La apresurada aprobación de la reforma tributaria es muestra, aunque cueste aceptarlo. Que la intocable camarilla de alta empresa haya tolerado el cambio a los impuestos podrá responder por supuesto a una mayor cercanía con el gobernante actual que con el pasado, pero no solo es esto. Antaño ello no hubiera sido razón suficiente para tocar el tema y correr el riesgo de abrir una puerta que ahora usted y yo –clasemedieros urbanos de corazón y billetera- más vale sepamos mantener abierta y empujar a como dé lugar.

    Hoy ha caído un muro antes infranqueable: “el impuesto sobre la renta no es negociable”. Esto no es un simple evento fiscal o económico. Con él se comienza a resquebrajar un conjunto de auténticos valores guatemaltecos, esos que dicen, por ejemplo, que un oficial es intocable para la justicia, que el derecho a la propiedad es solo para los ricos, que los indígenas y los campesinos son ciudadanos de segunda clase, incluso que a los hijos les toca reproducir sin chistar los modos y maneras de sus padres, y que Guatemala es un caso aparte, que aquí ni las leyes de la física se aplican como en otras partes.

    El futuro se construye viendo hacia adelante, no hacia atrás. La justicia, la plena ciudadanía, los problemas del presente y de mañana, los tendremos que resolver con nuevas fórmulas, no con los chambones valores que nos trajeron hasta aquí. Ciertamente las soluciones que usaron otros en el pasado pueden servirnos de guías, pero nunca de receta. Que la primera carta del castillo de naipes haya sido removida por un presidente conservador y militar, solo lo hace más llamativo.

    Original en Plaza Pública

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