Para entender lo patrimonial de este Estado no basta espulgar la cosa pública, pues Estado patrimonial y mercado excluyente son dos caras de una misma moneda.
El 28 de mayo, Phillip Chicola escribió en Contrapoder un análisis interesante. Su argumento en El Estado como botín es que las clases medias nos hemos levantado contra un sistema patrimonial que ve el Estado como fuente de riqueza.
La mecánica que descubre es sencilla y está bien descrita: los actores políticos buscan espacios de incidencia para acceder al poder del Estado. Si no lo depredan directamente, al menos intentarán morder las orillas del pastel público por medio de contratos ganados con maña, repartiendo empleos o desviando la inversión social. En este contexto, el financiamiento de campaña es un préstamo a restituir cuando se llegue al poder, y el primer criterio de selección de burócratas no es la idoneidad técnica, sino su docilidad para satisfacer las demandas de los voraces financiadores. Inmersos en esta carrera por controlar el poder y dispensar la riqueza pública encuentra Chicola, en primera instancia, a los partidos, pero también a otros actores organizados, incluyendo «sindicatos, grupos indígenas, profesionales, etcétera».
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